La ACTI, una agrupación de empresas de TI que incluye a Microsoft, está enviando cartas a senadores chilenos con el objetivo de desinformar acerca del software libre, recurriendo al término que ellos propusieron, "neutralidad tecnológica", para confundir y desviar la atención de lo realmente importante: la libertad y la soberanía.

Existe una iniciativa legal para que los servicios públicos, antes de licitar un software, deban averiguar si existe un software libre que cumpla con sus requerimientos.

La iniciativa me parece buena, pero me hubiera gustado que además prohibiera las licitaciones del tipo "Licencias para Office" o "Licencias para Windows", cambiándolas por "Software de Ofimática" o "Sistema Operativo", para que, de esa forma, las empresas que ofrecen software libre puedan participar.

A continuación comentaré brevemente algunos puntos de la carta:

"No es efectivo que el software libre sea gratuito". Nadie ha dicho que lo sea, de hecho, el software libre se puede utilizar con fines comerciales.

"Daño a la industria local de software ya existente". Solamente se verán parcialmente afectadas las empresas que se dedican exlusivamente a la venta de licencias de software privativo. Las empresas que se dedican al desarrollo de software a medida y al soporte y adaptación, no se verán afectadas, e incluso podrían verse beneficiadas, pues podrían basar sus servicios en software libre. No se está discriminando a empresas de ningún tipo, solo se favorece la adopción de software que respete las libertades de los usuarios y la soberanía digital. Además, cualquier empresa puede dedicarse a brindar servicios para software libre.

"Resta agilidad a la contratación pública de software". Posiblemente sea cierto. Investigar software libre que cumpla con necesidades definidas requiere de un proceso de búsqueda, análisis y pruebas. Sería conveniente que la iniciativa permitiera licitar este proceso.

"Viola el principio de neutralidad tecnológica". Se trata de un caso de discriminación positiva. El software libre puede no ser tan rentable para las empresas proveedoras como el software privativo, por lo tanto, en las licitaciones se tiende a presentar únicamente ofertas con software privativo. Por lo tanto, la medida sería una forma de hacer cumplir este "principio". Sin embargo, existe un principio aún más importante, el principio de soberanía de las naciones, el cual se ve afectado cuando un Estado utiliza software privativo, porque pierde el control de su software, sus datos y los datos de sus ciudadanos,  pues se vuelve dependiente del desarrollador. Por lo tanto, la solución es que el Estado utilice únicamente software libre. Lamentablemente, la iniciativa no llega tan lejos, pero es un avance.